El Cabildo Insular de Tenerife continúa avanzando hacia una gestión pública más participativa e inclusiva. El Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife, en su edición del 25 de junio de 2025, recoge la publicación oficial de las bases reguladoras que rigen las subvenciones destinadas a los ayuntamientos de la isla para el fomento y promoción de la participación ciudadana durante el presente ejercicio.
Estas bases se convierten en el marco fundamental para consolidar procesos que involucren activamente a la ciudadanía en los asuntos públicos locales, promoviendo una democracia más directa, transparente y plural.
Finalidad de la convocatoria
El objetivo de estas subvenciones es facilitar a los ayuntamientos los recursos necesarios para:
Impulsar procesos participativos reales y estructurados.
Fomentar la implicación de la ciudadanía en la toma de decisiones locales.
Fortalecer el tejido social a través de la colaboración entre administración y sociedad civil.
Estas ayudas se alinean con las directrices europeas y nacionales sobre buen gobierno, transparencia y participación ciudadana como elementos centrales de la calidad democrática.
¿Quiénes pueden participar?
Podrán optar a estas subvenciones todos los ayuntamientos de la isla de Tenerife, sin distinción de tamaño poblacional, siempre que cumplan con los requisitos técnicos y administrativos establecidos en las bases.
No se contemplan entidades intermedias, asociaciones o mancomunidades como beneficiarias directas, ya que la línea está pensada para fortalecer las estrategias participativas de las administraciones locales.
Tipos de proyectos subvencionables
Las bases reguladoras abren el abanico de actuaciones financiables, contemplando iniciativas como:
Diseño y ejecución de procesos participativos en torno a temas clave para la comunidad (presupuestos, planificación urbana, medio ambiente, etc.).
Dinamización de consejos sectoriales, foros ciudadanos o espacios de consulta vecinal.
Campañas de sensibilización sobre el derecho a la participación y los canales disponibles.
Formación a personal técnico y cargos públicos en herramientas de gestión participativa.
Elaboración de planes municipales de participación ciudadana.
También se valorará positivamente la integración de tecnologías digitales que faciliten el acceso de toda la población a los procesos participativos, especialmente en contextos rurales o dispersos.
Documentación y requisitos generales
Para optar a la futura convocatoria (aún por publicarse), los ayuntamientos deberán basarse en estas bases y preparar:
Una memoria explicativa del proyecto, con objetivos, actividades y calendario.
Un presupuesto desglosado y coherente con las actuaciones propuestas.
Certificados municipales y declaraciones responsables, según establecen las bases.
Indicadores de evaluación para medir el impacto del proyecto sobre la comunidad.
Criterios de valoración
La baremación de las solicitudes tendrá en cuenta, entre otros aspectos:
El nivel de innovación del proyecto.
La capacidad de impacto territorial y de implicación ciudadana real.
La continuidad del proyecto en el tiempo.
La transversalidad con otras políticas públicas (igualdad, juventud, sostenibilidad…).
La existencia previa de estructuras o experiencias participativas en el municipio.
Se priorizarán aquellas iniciativas que fomenten la inclusión de colectivos tradicionalmente infrarrepresentados: jóvenes, personas mayores, población migrante, personas con diversidad funcional, etc.
Un paso hacia una democracia más próxima
El desarrollo de estas bases reguladoras marca un hito importante para la isla: ofrece a los ayuntamientos un marco técnico y administrativo claro para fomentar la participación ciudadana de forma planificada, coherente y transformadora.
Con ello, se avanza hacia un modelo de gobernanza donde la ciudadanía no es solo receptora de políticas públicas, sino agente activo en su diseño y ejecución.
La futura convocatoria, basada en estas bases, permitirá poner en marcha nuevas iniciativas que sitúen la voz ciudadana en el centro de la vida democrática local.
Saber más
El Cabildo Insular de Tenerife continúa avanzando hacia una gestión pública más participativa e inclusiva. El Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife, en su edición del 25 de junio de 2025, recoge la publicación oficial de las bases reguladoras que rigen las subvenciones destinadas a los ayuntamientos de la isla para el fomento y promoción de la participación ciudadana durante el presente ejercicio.
Estas bases se convierten en el marco fundamental para consolidar procesos que involucren activamente a la ciudadanía en los asuntos públicos locales, promoviendo una democracia más directa, transparente y plural.
Finalidad de la convocatoria
El objetivo de estas subvenciones es facilitar a los ayuntamientos los recursos necesarios para:
Impulsar procesos participativos reales y estructurados.
Fomentar la implicación de la ciudadanía en la toma de decisiones locales.
Fortalecer el tejido social a través de la colaboración entre administración y sociedad civil.
Estas ayudas se alinean con las directrices europeas y nacionales sobre buen gobierno, transparencia y participación ciudadana como elementos centrales de la calidad democrática.
¿Quiénes pueden participar?
Podrán optar a estas subvenciones todos los ayuntamientos de la isla de Tenerife, sin distinción de tamaño poblacional, siempre que cumplan con los requisitos técnicos y administrativos establecidos en las bases.
No se contemplan entidades intermedias, asociaciones o mancomunidades como beneficiarias directas, ya que la línea está pensada para fortalecer las estrategias participativas de las administraciones locales.
Tipos de proyectos subvencionables
Las bases reguladoras abren el abanico de actuaciones financiables, contemplando iniciativas como:
Diseño y ejecución de procesos participativos en torno a temas clave para la comunidad (presupuestos, planificación urbana, medio ambiente, etc.).
Dinamización de consejos sectoriales, foros ciudadanos o espacios de consulta vecinal.
Campañas de sensibilización sobre el derecho a la participación y los canales disponibles.
Formación a personal técnico y cargos públicos en herramientas de gestión participativa.
Elaboración de planes municipales de participación ciudadana.
También se valorará positivamente la integración de tecnologías digitales que faciliten el acceso de toda la población a los procesos participativos, especialmente en contextos rurales o dispersos.
Documentación y requisitos generales
Para optar a la futura convocatoria (aún por publicarse), los ayuntamientos deberán basarse en estas bases y preparar:
Una memoria explicativa del proyecto, con objetivos, actividades y calendario.
Un presupuesto desglosado y coherente con las actuaciones propuestas.
Certificados municipales y declaraciones responsables, según establecen las bases.
Indicadores de evaluación para medir el impacto del proyecto sobre la comunidad.
Criterios de valoración
La baremación de las solicitudes tendrá en cuenta, entre otros aspectos:
El nivel de innovación del proyecto.
La capacidad de impacto territorial y de implicación ciudadana real.
La continuidad del proyecto en el tiempo.
La transversalidad con otras políticas públicas (igualdad, juventud, sostenibilidad…).
La existencia previa de estructuras o experiencias participativas en el municipio.
Se priorizarán aquellas iniciativas que fomenten la inclusión de colectivos tradicionalmente infrarrepresentados: jóvenes, personas mayores, población migrante, personas con diversidad funcional, etc.
Un paso hacia una democracia más próxima
El desarrollo de estas bases reguladoras marca un hito importante para la isla: ofrece a los ayuntamientos un marco técnico y administrativo claro para fomentar la participación ciudadana de forma planificada, coherente y transformadora.
Con ello, se avanza hacia un modelo de gobernanza donde la ciudadanía no es solo receptora de políticas públicas, sino agente activo en su diseño y ejecución.
La futura convocatoria, basada en estas bases, permitirá poner en marcha nuevas iniciativas que sitúen la voz ciudadana en el centro de la vida democrática local.
Saber más
El Cabildo Insular de Tenerife continúa avanzando hacia una gestión pública más participativa e inclusiva. El Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife, en su edición del 25 de junio de 2025, recoge la publicación oficial de las bases reguladoras que rigen las subvenciones destinadas a los ayuntamientos de la isla para el fomento y promoción de la participación ciudadana durante el presente ejercicio.
Estas bases se convierten en el marco fundamental para consolidar procesos que involucren activamente a la ciudadanía en los asuntos públicos locales, promoviendo una democracia más directa, transparente y plural.
Finalidad de la convocatoria
El objetivo de estas subvenciones es facilitar a los ayuntamientos los recursos necesarios para:
Impulsar procesos participativos reales y estructurados.
Fomentar la implicación de la ciudadanía en la toma de decisiones locales.
Fortalecer el tejido social a través de la colaboración entre administración y sociedad civil.
Estas ayudas se alinean con las directrices europeas y nacionales sobre buen gobierno, transparencia y participación ciudadana como elementos centrales de la calidad democrática.
¿Quiénes pueden participar?
Podrán optar a estas subvenciones todos los ayuntamientos de la isla de Tenerife, sin distinción de tamaño poblacional, siempre que cumplan con los requisitos técnicos y administrativos establecidos en las bases.
No se contemplan entidades intermedias, asociaciones o mancomunidades como beneficiarias directas, ya que la línea está pensada para fortalecer las estrategias participativas de las administraciones locales.
Tipos de proyectos subvencionables
Las bases reguladoras abren el abanico de actuaciones financiables, contemplando iniciativas como:
Diseño y ejecución de procesos participativos en torno a temas clave para la comunidad (presupuestos, planificación urbana, medio ambiente, etc.).
Dinamización de consejos sectoriales, foros ciudadanos o espacios de consulta vecinal.
Campañas de sensibilización sobre el derecho a la participación y los canales disponibles.
Formación a personal técnico y cargos públicos en herramientas de gestión participativa.
Elaboración de planes municipales de participación ciudadana.
También se valorará positivamente la integración de tecnologías digitales que faciliten el acceso de toda la población a los procesos participativos, especialmente en contextos rurales o dispersos.
Documentación y requisitos generales
Para optar a la futura convocatoria (aún por publicarse), los ayuntamientos deberán basarse en estas bases y preparar:
Una memoria explicativa del proyecto, con objetivos, actividades y calendario.
Un presupuesto desglosado y coherente con las actuaciones propuestas.
Certificados municipales y declaraciones responsables, según establecen las bases.
Indicadores de evaluación para medir el impacto del proyecto sobre la comunidad.
Criterios de valoración
La baremación de las solicitudes tendrá en cuenta, entre otros aspectos:
El nivel de innovación del proyecto.
La capacidad de impacto territorial y de implicación ciudadana real.
La continuidad del proyecto en el tiempo.
La transversalidad con otras políticas públicas (igualdad, juventud, sostenibilidad…).
La existencia previa de estructuras o experiencias participativas en el municipio.
Se priorizarán aquellas iniciativas que fomenten la inclusión de colectivos tradicionalmente infrarrepresentados: jóvenes, personas mayores, población migrante, personas con diversidad funcional, etc.
Un paso hacia una democracia más próxima
El desarrollo de estas bases reguladoras marca un hito importante para la isla: ofrece a los ayuntamientos un marco técnico y administrativo claro para fomentar la participación ciudadana de forma planificada, coherente y transformadora.
Con ello, se avanza hacia un modelo de gobernanza donde la ciudadanía no es solo receptora de políticas públicas, sino agente activo en su diseño y ejecución.
La futura convocatoria, basada en estas bases, permitirá poner en marcha nuevas iniciativas que sitúen la voz ciudadana en el centro de la vida democrática local.
